El juzgado advierte de que el proceso para cesarlo se afrontó sin garantías
José Luis Villanueva Vicente, el que fuera patrón mayor de la cofradía de pescadores, y quien ejerce como presidente de la Organización de Productores Pesqueros Parquistas de Carril (OPP-89), podría volver a ocupar el cargo que dejó al frente del cabildo en caso de que quisiera hacerlo. Y, desde luego, podría recuperar su plaza en la junta general de este pósito vilagarciano.
Para desesperación de sus detractores, una sentencia judicial establece que el proceso mediante el que se formalizó su renuncia al cargo no tenía que haberse celebrado.
Para más inri, sus detractores llevan semanas intentando colocar en la junta general de la cofradía a uno de sus representantes, alegando que esa persona, Isabel Cores Ferreiro, puede ocupar la vacante generada tras su marcha y después de que Javier Quintáns fuera proclamado como su sucesor.
Pero ni con esas, porque, en base al mismo auto judicial, esa plaza vacante no tiene por qué existir, ya que podría ser recuperada por Villanueva.
Es una vuelta de tuerca más en el conflicto permanente en el que está inmersa esta cofradía, a la que siguen los pasos otras como Cambados y Vilanova, donde los problemas internos no dejan de crecer, y donde algunos empiezan a pensar que hay un denominador común que genera el clima de crispación.
Pero, dejando de momento al margen lo que sucede en otros pósitos, e incluso pasando de puntilla sobre el enquistado clima de crispación en el puerto carrilexo, hay que incidir en la existencia de un auto judicial, de fecha 28 de julio pasado, dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra.
En ese auto se dice, básicamente, que la Consellería do Mar no tendría que haber iniciado el expediente que acabó apartando a Villanueva del cargo basándose en una sentencia judicial que lo había inhabilitado para el cargo por agredir a un abogado.
Dicho de otro modo, que hasta que se resuelva el recurso judicial presentado por el propio Villanueva en relación con tales resoluciones, no habría motivo para que dejara de ser patrón mayor.
En consecuencia, “tampoco procede adoptar resolución alguna sobre cobertura de vacantes de vocales en la junta general de la cofradía”, espeta el actual patrón mayor.
“No tenía que haberse producido la destitución del patrón mayor ni la elección de otro”, sentencia el propio Quintáns en un escrito remitido el 30 de agosto a los que antes eran detractores de Villanueva y ahora lo son también suyos.
Es decir, que mientras el asunto de la agresión esté aún en vía judicial, la propia Justicia entiende que no hay motivo para relegar a Villanueva ni tampoco hay posibilidad de introducir a un sustituto como vocal en el órgano de gobierno del pósito.
Por cierto, que estas reflexiones y conclusiones no solo han sido trasladadas desde la cofradía de Carril a los críticos, como ellos mismos reconocen, sino también a la Consellería do Mar.
Hay que indicar que todo el enfarragoso proceso que rodea a la cofradía carrilexa está aderezado con decenas de escritos y recursos que, en realidad, son cosa de los abogados que representan a las partes.
De ahí, por ejemplo, el recurso admitido por la Consellería do Mar tras ser presentado “por Carlos Berride Meaños e Inmaculada Otero Mouriño, así como 11 miembros más de junta general de la cofradía”, contra el acuerdo de 7 de marzo adoptado por ese órgano en el que se rechazaba el cese de Villanueva.
Para tratar de sacar algo en claro de todo este procedimiento, que en poco o nada ayuda a la imagen de Carril y su puerto, hay que decir que el 14 de noviembre de 2022 José Luis Villanueva fue reelegido patrón mayor, en base a las elecciones celebradas el 29 de octubre.
Pero fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra, como autor de un delito de lesiones, a la pena de un año y seis meses de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo por el mismo tiempo de condena.
En sentencia de 13 de mayo dictada en segunda instancia en la vía penal por la Audiencia de Pontevedra se redujo esa condena, quedando como definitiva la de un año y cuatro meses.
Frente a esta sentencia, José Luis Villanueva interpuso un recurso de casación que fue inadmitido en enero de 2023, lo que condujo a la declaración de firmeza de la sentencia de la Audiencia.
Esto llevó a Villanueva a interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el cual “se halla en la actualidad pendiente de resolución acerca de la suspensión de los efectos de la resolución recurrida y su admisibilidad”, hace constar el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3.
Fue el 21 de febrero cuando Carlos Berride presentó un escrito en la cofradía pidiendo que Villanueva perdiera la condición de patrón mayor y se convocara una junta general para proceder a darlo de baja, como consecuencia de la condena penal antes aludida.
En 7 de marzo llegó la celebración de una junta general en la que se contestaba a esa petición negando la procedencia del cese de Villanueva.
Y tres días después el propio Carlos Berride presentó un recurso insistiendo en que Villanueva incurría en un supuesto delito de incompatibilidad jurídica, dada su condición de condenado.
Fue el 5 de abril cuando, aún como patrón mayor, José Luis Villanueva presentó alegaciones al recurso de alzada inicial de Berride.
Y ese mismo día otra de sus críticas, Inmaculada Otero Mouriño, junto a once personas más, formulaban recurso de alzada contra el acuerdo de la junta de gobierno del 7 de marzo relativo a la decisión de mantener a Villanueva como patrón.
Cinco días después volvía a la carga Carlos Berride, esta vez para ampliar su recurso, acumulándose todos los presentados con fecha de 18 de abril.
El 3 de julio el Juzgado de los Penal número 2 de Pontevedra dictaba auto aprobando la liquidación de la condena accesoria de inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo, fijando como fecha de inicio el 10 de enero de 2023 y, como fecha de finalización, el 17 de mayo de 2024.
En todo ello abunda el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, antes de señalar que la Consellería do Mar dictó el cese de Villanueva estimando los recursos de alzada interpuestos.
Para añadir que no tendría que haberse tomado la medida cautelar de apartarlo del cargo porque tampoco existe “ninguna circunstancia de especial urgencia”.
Al igual que hace constar que la Consellería do Mar tendría que haber tomado en consideración la medida cautelar planteada por Villanueva en lugar de “adelantarse” a la resolución judicial que pueda tomarse cuando se resuelvan sus recursos.
Explicado de otro modo, que “la Administración no puede ejecutar el acto administrativo cuendo el particular formula solicitud cautelar junto con la demanda en vía contencioso administrativa y hasta que se resuelva expresamente (…); si la administración ejecuta el acto de cuya suspensión cautelar está pendiente el particular, pierde todo sentido esta tutela judicial cautelar”, espeta el juzgado.
Para terminar sentenciando que la Consellería do Mar no puede tomar la decisión de apartar a José Luis Villanueva mientras no se resuelvan los recursos que ha presentado.
Fuente: Faro de Vigo
