En las últimas semanas, con la lonja de Carril en obras, las ventas de marisco y anguila se efectuaron en un bajo adquirido por la cofradía de pescadores el año pasado, acondicionado como centro de clasificación de bivalvos.
Una operación que ha sorprendido a los parquistas, toda vez que a ellos se les impide vender producto en el centro de clasificación que instalaron en el muelle de O Ramal.
«Es sorprendente que el Concello de Vilagarcía nos denunciara y nos prohibiera trabajar en nuestro centro de clasificación, a pesar de tener toda la documentación en regla, pero permitiera hacerlo a la cofradía en el suyo, utilizándolo como punto de primera venta», esgrimen desde la Organización de Productores Pesqueros OPP-89.
«Desconocemos si la cofradía recibió autorización de la Consellería do Mar para vender fuera de la lonja, pero en cualquier caso llama poderosamente la atención que el Concello de Vilagarcía lo permitiera, lo cual demuestra la complicidad del gobierno local con el pósito», insisten los acuicultores
«Tenemos plenamente confirmado que han estado vendiendo en ese centro de clasificación tan polémico, y por mucho que puedan decir que fue algo provisional, mientras la lonja estaba en obras, eso no los exime de tener que conseguir las licencias y permisos necesarios para cambiar de ubicación», proclama la OPP-89
Para concluir: «Por esa regla de tres a nosotros tendrían que habernos dejado seguir trabajando en O Ramal de manera cautelar en lugar de precintarnos las naves».
Procede puntualizar que cuando la entidad que preside José Luis Villanueva Vicente se refiere al centro de clasificación de bivalvos de la cofradía como «polémico», alude al episodio vivido en diciembre pasado.
Como publicó FARO entonces, la cofradía se hizo con un bajo cercano a la lonja para «facilitar el proceso previo a la venta y mejorar la calidad y la eficiencia de nuestro trabajo».
Pero varios miembros de la junta general de la cofradía saltaron a la palestra para denunciar que desconocían «con qué finalidad se creó» dicho centro de clasificación de bivalvos, «cuánto costó» y con quién se consultó su puesta en marcha.
Dado que la cofradía les negó la información que habían solicitado a este respecto, decidieron denunciar públicamente lo ocurrido para presionar y «que se nos enseñe toda la documentación, incluida la licencia municipal y de actividad, si es que la tiene, junto a los demás permisos e informes requeridos para este tipo de instalaciones, incluidos los certificados o expedientes veterinarios y sanitarios que indiquen que el local es apto para la manipulación de bivalvos».
Criticaban así las «decisiones unilaterales por parte del patrón mayor», Javier Quintáns, al que ahora piden explicaciones también por las ventas realizadas en ese supuesto centro de clasificación.
En relación con el cual, la Consellería do Mar confirma a FARO que «la cofradía operó con permiso en ese local mientras se ejecutaban las obras de la lonja y se comprobó que reuniera las condiciones oportunas».
Fuente: Faro de Vigo