Desde sus barcos, tanto si estaban en movimiento dentro de las ensenadas portuarias como amarrados o abarloados, la flota gallega de bajura exigió ayer “respeto” y “sentido común” a la Unión Europea.
Marineros y armadores, pescadores y mariscadores, bateeiros y percebeiros, hicieron sonar bocinas, pitos y silbatos mientras mostraran pancartas con lemas de repulsa y lanzaban bengalas, escenificando así un rechazo frontal al nuevo Reglamento de Control Pesquero planteado en Bruselas.
Arropados también desde tierra firme, tanto por otros miembros del sector como por familiares y vecinos, gritaron no al empleo de geolocalizadores y ridiculizaron la obligatoriedad de instalar de cámaras de vigilancia a bordo.
Lo consideran “absurdo” y sienten que obligarlos a ello es como considerarlos “delincuentes”, sobre todo porque, insisten, ya hay “suficientes mecanismos de control” y el trabajo de las pequeñas embarcaciones que faenan en el interior de las rías gallegas está permanentemente supervisado.
Además de realizarse cerca de la costa y en zonas resguardadas, de ahí que no consideren necesario instalar un GPS a bordo “para salir a coger un puñado de almejas al lado de la playa”.
En ello abundó la flota artesanal en prácticamente medio centenar de puertos. En el caso de Arousa Sur (O Salnés) con especial incidencia en los de O Grove, Cambados y Carril, mientras que Vilanova decidió permanecer al margen de esta protesta.
Los pescadores profesionales y sus patrones mayores, tanto los de Arousa como los del resto de Galicia, contaron con el respaldo de la Consellería do Mar, que plantea prácticamente lo mismo que el sector.
De hecho, los argumentos manejados por patrones mayores como José Luis Villanueva (Carril) y la conselleira Rosa Quintana son prácticamente idénticos.
La representante de la Xunta, sin ir más lejos, planteó a la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) de la Comisión Europea, Charlina Vitcheva, que la obligatoriedad de instalar cámaras de videovigilancia a bordo es “disparatada” y “una medida que criminaliza al sector”.
Rosa Quintana – Conselleira de Mar
A lo que añadió que decisiones como esta “generan rechazo en el sector –como se apreció con la protesta desplegada ayer en los puertos– y alejan a los profesionales de la pesca de las instituciones, pues demuestran falta de conocimiento de su realidad y complican en gran medida su labor diaria”.
Y no solo eso, sino que “la videovigilancia a bordo puede chocar con la intimidad del trabajo de los pescadores y la protección de datos”, advierte Rosa Quintana cuando defiende que esta medida sea voluntaria, aplicando un sistema de incentivos para su instalación, o bien que se haga obligatoria solo si se emplea como sanción, para aquellos que cometan alguna infracción grave de la normativa pesquera.
La Consellería do Mar también coincide con el sector pesquero al decir que no puede obligarse a la flota gallega a instalar geolocalizadores en las embarcaciones de menos de doce metros de eslora, ya que supone un coste importante para la flota y se trata de embarcaciones perfectamente controladas ya, al trabajar cerca de la costa.
Fuente: Faro de Vigo
