Tal y como hicieron otros representantes del sector del mar, partidos políticos y grupos ecologistas integrados en la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), la Organización de Productores Parquistas de Carril (OPP-89) alerta del riesgo que puede entrañar la planta de producción de fibra textil a base de celulosa que plantea la empresa Altri en Palas de Rei, y para lo que solicita una captación de agua del Ulla en Agolada.
Una idea que “puede tener graves consecuencias en la ría de Arousa si no se toman las medidas oportunas”, advierte José Luis Villanueva, presidente de los parquitas.
“Somos más de seiscientas familias que tienen su fuente de ingresos situada justo en la zona intermareal de la desembocadura del Ulla, de ahí que seamos los más amenazados y preocupados por este proyecto”, esgrime el parquista.
Parquistas de Carril sustenta sus alegaciones en una “deficiencia” fundamental, como es que “no se valora la posibilidad de reutilizar el agua”.
A este respecto, detalla la OPP-89 que “el proyecto plantea la captación de 46.000 metros cúbicos de agua del Ulla al día, para después verter 30.000 al mismo cauce, también diarios, en la cola del embalse de Portodemouros”.
Esto lleva a Villanueva a decir que “la reutilización del agua es un aspecto básico en cualquier proceso industrial, más aún teniendo en cuenta el cambio climático, e incluso parece más interesante económicamente para la promotora reutilizar los 30.000 metros cúbicos en lugar de verterlos, reduciendo así en un 60% el volumen de agua a bombear desde el embalse”.
A esto se suma que “se plantea el vertido conjunto de las aguas industriales y sanitarias”; que “los parámetros planteados para el control de la calidad del vertido parecen insuficientes”; y que “el alcance del Estudio de Impacto Ambiental es escaso, no se aporta Análisis de Riesgos Ambientales y no se realiza un análisis completo de la compatibilidad urbanística del proyecto”, sostienen los parquistas carrilexos.
Lo hace para explicar las alegaciones que ha presentado su entidad ante la Xunta con motivo de la exposición pública de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), Estudio de Impacto Ambiental (EIA), declaración de utilidad pública y proyecto para la “implantación de una industria de fibra textil a base de celulosa y sus infraestructuras asociadas”.
Proyecto, cabe recordar, promovido por Greenfiber S.L. y declarado Proyecto Industrial Estratégico (PIE) por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 29 de diciembre de 2022.
Esas alegaciones de los parquistas conforman un extenso y documentado paquete de argumentos y propuestas del que se desprende que incluso la planta de celulosas de Ence, en la ría de Pontevedra, “se somete a mayores exigencias que la de Altri, de ahí que pidamos que los controles sean lo más estrictos posibles y, por ejemplo, demandamos que, si es tan inocua como dicen, reutilicen el agua tratada, en lugar de verterla al río”, reflexiona Villanueva.
Esa es, precisamente, una de las alegaciones presentadas por la OPP-89: “Que se obligue a la empresa a reutilizar el mayor volumen de agua posible aplicando las mejores técnicas disponibles”.
Pero no la única, ya que los parquistas también quieren que “se exija a Altri el cumplimiento de, al menos, todos los parámetros de calidad que se están exigiendo para el vertido de aguas a las demás industrias con una actividad similar”, como es el caso de ENCE.
Un control físico-químico de vertidos que debe llevar parejo “un control de la calidad ecológica del medio al que se verterán las aguas industriales tratadas”.
Es decir, que a imagen y semejanza de lo que hicieron con los responsables de la mina de Touro, activando un plan de acción y vigilancia para evaluar el estado de salud del río Ulla y la ría de Arousa, los parquistas reclaman un más ambicioso estudio medioambiental previo a la ejecución del proyecto de Altri, también para preservar las aguas marítimas y continentales.
Dicho de otro modo, que la OPP-89 quiere que el obligado estudio de impacto ambiental se extienda por todo el cauce fluvial y su Red Natura 2000, de la que forma parte la Zona de Especial Conservación (ZEC) Ulla-Deza.
Pero no solo eso, sino que reivindica que se haga extensivo a la ría de Arousa, “de manera que se valoren adecuadamente los posibles impactos del vertido de aguas de la fábrica”, atendiendo igualmente a “situaciones extraordinarias derivadas de posibles fallos o eventos de precipitaciones extraordinarios”.
Con idéntico objetivo, Villanueva y su equipo demandan un “análisis de riesgos ambientales de la actividad” en el que se concreten todos los posibles “escenarios de riesgo”, lo cual debe dar pie a la elaboración de un plan de contingencias acorde e incluso al establecimiento de “una garantía financiera por daño ambiental que cubra, al menos, el importe máximo establecido en la Ley 26/2007”.
Paralelamente, la agrupación que sustenta desde hace décadas la actividad marisquera de Carril y a su lonja, convirtiéndola en una de las más importantes de Galicia, pretende que se aclare cuanto antes “si parte de la producción de pasta de celulosa va a ser destinada a la producción de pasta de papel” o se va a limitar a la fabricación de una fibra medioambientalmente sostenible como el lyocell.
Para presentar sus alegaciones, la OPP-89 parte de la riqueza del mar de Arousa, que considera “estratégico en la economía local” gracias a la pesca, el marisqueo y la acuicultura.
Un sector que “genera empleos estables, también en épocas de crisis, y representa el 1,33% de la producción total de la economía gallega y aporta el 33% del valor añadido generado”.
“Un sector estratégico del que formamos parte los parquistas de Carril, con más de 1.250 parques de los que viven directamente más de 650 familias que facturan una media anual próxima a los 14 millones de euros”, aduce José Luis Villanueva en las alegaciones enviadas a Industria.
Sin olvidarse de que “las actividades del mar tienen un importante valor desde el punto de vista etnográfico y gastronómico, lo que aporta una identidad propia y de diferenciación aprovechada por el sector del turismo, que sustenta un volumen creciente de negocios en las localidades arousanas”.
«Las aguas industriales, tanto las generadas en el proceso de generación de pasta de celulosa, como las escorrentías de zonas de contacto en las que las aguas de lluvia pueden contaminarse, se envían a una Estación de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (ETARI), mientras que las aguas sanitarias (baños, vestuarios, etc.) se envían a una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), vertiéndose las aguas tratadas en ambas instalaciones de manera conjunta a través del punto de vertido en el río Ulla».
La OPP-89 cree que «se debe apostar en todo momento por minimizar el caudal vertido al río Ulla, de manera que se minimicen las probabilidades de afección al medio».
Y sugiere «valorar la posibilidad de integrar las aguas sanitarias en el sistema de saneamiento de la zona o su vertido mediante un sistema de filtración al terreno si fuera posible».
«Si tomamos como referencia la planta de generación de pasta de celulosa propiedad de ENCE -añade la OPP-, única industria similar a la descrita en este proyecto ubicada en Galicia, se establecen límites de vertido para 15 parámetros, incluyendo 7 metales pesados, además de algunos parámetros adicionales que deben ser controlados con diferentes periodicidades».
Ante esto, el equipo de Villanueva entiende que «si para la actividad de la factoría de ENCE, en la que se produce pasta de celulosa, se consideró necesario el control de todos estos parámetros, parece evidente que la actividad promovida por Altri también deberá controlar los mismos parámetros y aplicar a sus aguas un tratamiento que consiga alcanzar unos límites de vertido iguales a los alcanzados actualmente por ENCE».
La OPP-89 Parquistas de Carril es consciente de que la implantación de Altri “puede tener efectos positivos en la zona en la que se va a implantar, fuertemente deprimida económicamente en la actualidad”. E incluso asume que puede resultar una propuesta importante a nivel autonómico.
Pero, como plantearon en el caso de la mina de Touro, Parquistas de Carril deja claro que debe quedar previamente garantizado que la implantación de Altri “debe ser compatible con el resto de actividades desarrolladas en la zona, en toda la cuenca del río Ulla y en la ría de Arousa”.
A psar de que la legislación en vigor «establece la necesidad de que se adopten las medidas necesarias para prevenir los accidentes graves y limitar sus consecuencias sobre la salud de las personas y el medio ambiente».
Razón por la cual «debe definirse un plan de contingencias que incluya situaciones que puedan afectar al funcionamiento de la EDARI, o al riesgo de generar vertidos con potencial contaminante que pueda afectar el río Ulla, así como un Plan de Emergencia Interior y los datos necesarios para que la administración elabore un Plan de Emergencia Exterior».
“parte de la cual se estima convertir y producir 60.000 t/año en la primera fase y 200.000 t/año de fibra textil (Lyocell) en la segunda fase”
Si esto es así, «¿va a producir Altri pasta de papel?», pregunta. En este caso «se justificaría aún más la necesidad de igualar las exigencias de control de la calidad del vertido entre esta instalación y la factoría de ENCE ubicada en la provincia de Pontevedra, incluyendo un control de las aguas subterráneas y un control de suelos contaminados».
Pero cree conveniente «hacer una valoración más amplia, que valore posibles afecciones aguas abajo del embalse de Portodemouros en caso de vertido accidental de aguas de proceso no tratadas o escenarios de riesgos con productos peligrosos para el medio ambiente fluvial».
Al margen de las alegaciones directamente relacionadas con la vertiente medioambiental del proyecto, o en sintonía con ellas, la OPP-89 exige ser parte del procedimiento.
Más concretamente, reclama a la Consellería de Industria ser tenida en cuenta en todos los expedientes que se puedan abrir en el futuro en relación con la actividad de Altri, y que se notifique en tiempo y forma a los parquistas “para poder personarnos en cualquier causa” que se pueda iniciar.
Se aferran así a lo estipulado en la Ley 27/2006, “por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de la participación pública y del acceso a la Justicia en materia ambiental”.
Pero también a la Ley 1/2016, del 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, tratando de obtener “acceso en formato digital o acceso a enlace electrónico de toda la documentación del expediente” y capacidad para que la OPP-89 “se persone como parte interesada en el asunto”.
Escenarios de Riesgo Ambiental,
“Justificación de NO necesidad de solicitud del informe urbanístico”,
Somos más de seiscientas familias que tienen su fuente de ingresos situada justo en la zona intermareal de la desembocadura del Ulla, de ahí que seamos los más amenazados y preocupados por este proyecto
José Luis Villanueva
— Prseidneee de la OPP-89 Parquistas de Carril
Pero Parquistas cree recomendable «hacer una valoración de las posibles interferencias del proyecto con otras actividades de la zona o con posibles desarrollos urbanísticos para poder valorar correctamente todos los impactos generados por la implantación de esta nueva actividad».
lyocell,
Esto supone «un impulso económico que tendrá un impacto importante en la zona donde se implanta y en toda Galicia, ya que el precio de la madera de eucalipto utilizada para producir pasta de celulosa aumentará como consecuencia del aumento de la demanda, impulsando toda la industria maderera y del transporte».
Además, «la disponibilidad de lyocell supondrá un importante efecto tracto sobre la industria textil, que diversificará la economía de la zona, actualmente muy mermaday que perdió más del 20% de su población en los últimos 20 años, además de tenee más de un 40% de población mayor de 60 años y una renta media un 10% inferior al resto de Galicia».
Los parquistas aluden a todo esto para indicar que la implantación de Altri puede revitalizar el entorno, «con la generación de muchos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y la generación de cadenas de valor que impulsen la economía a nivel regional». Pero claro, lograr todo eso no puede hacerse a costa de sacrificar el río Ulla o la ría de Arousa.
Fuente: Faro de Vigo
